Compartimos carta de nuestro socio Alexander Kliwadenko Richaud, publicada en el Diario Financiero de hoy, a propósito del análisis que hizo la Contraloría General de la República de Chile sobre más de 800 obras públicas que habrían terminado anticipadamente, durante el periodo 2015-2025.
A su juicio, la paralización de obras implica retrasos en la entrega de infraestructura esencial, como hospitales, equipamiento urbano y jardines infantiles. Además, exige nuevos procesos de contratación para su término, lo que supone sobrecostos y gastos de administración, supervisión y mantenimiento de las obras inconclusas.
“¿Tendrá todo esto alguna justificación? Es necesario detectar los problemas que impiden la materialización de los proyectos, para dar paso a nuevos mecanismos contractuales que permitan a las partes solucionar imprevistos”, dice.